Info:http://www.attac.es/2012/08/20/el-banco-malo-otra-estafa-a-los-ciudadanos/
Carlos Sánchez Mato – quiendebeaquien.org
El ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos acaba de
anunciar recientemente la próxima aprobación de disposiciones legales en
las que “se establecerán las líneas generales de funcionamiento de las
compañías de gestión de activos”. Podemos esperar sin lugar a dudas que
en el Consejo de ministros que tendrá lugar el 24 de agosto se pondrá en
marcha el “banco malo”. El Memorándum de Entendimiento rubricado por
España con los países integrantes del Eurogrupo, obliga a tener
plenamente operativo este instrumento en el mes de noviembre de este año
y para ello es imprescindible la articulación legal previa.
La nueva rectificación del actual Gobierno (cuyos miembros se
manifestaron contrarios a su implantación tanto en la oposición como en
su actual responsabilidad) supondrá inyectar dinero público a las
entidades financieras a cambio de sus “activos tóxicos”. En resumen, la
operación consistirá en la adquisición créditos en situación de difícil
cobro y activos inmobiliarios (viviendas y suelo) por parte del banco
malo a cambio de la entrega a los bancos de liquidez inmediata que les
permita mejorar su actual situación. La clave a la hora de evaluar el
coste de la operación para el erario público, es el valor de transmisión
de los activos. Si el banco malo los adquiere al valor “inflado” que
actualmente tienen en el balance de las entidades, será éste (es decir,
todos nosotros) el que asuma la totalidad de las pérdidas derivadas de
su futura enajenación. Sin embargo, no podemos hacernos ilusiones en el
que caso de que la opción adoptada contemplara que los activos fueran
adquiridos al valor actual de mercado de los mismos. Si fuera esa la
decisión, aflorarían mayores pérdidas en las entidades bancarias que en
el marco del “rescate” también se ha acordado que tendrían que ser
afrontadas por el sector público. En definitiva, sea cual sea la opción
finalmente adoptada, gana la banca y perdemos los ciudadanos.
A falta del diseño concreto que salga del poder ejecutivo, el banco
malo dispondría de 10 años para vender o recobrar los activos tóxicos en
él aparcados. Actuaría como una entidad “liquidadora de activos” a la
que se inyectaría un capital inicial que provendría de la línea de
liquidez firmada con el Eurogrupo. El capital inicial podría ascender
hasta un importe de 25 mil millones de euros pero esa cantidad es
absolutamente insuficiente para resolver el grave problema oculto en el
balance de los bancos (309 mil millones de euros solo en el sector
inmobiliario para los que existen 70 mil millones de euros de
provisiones).
Por ese motivo, a partir de ahí, actuaría como un banco tradicional
emitiendo deuda y utilizando esos bonos emitidos para pagar los activos
adquiridos a las entidades. Con estos bonos, siempre y cuando el Banco
Central Europeo los acepte como garantía, los bancos obtendrían liquidez
para aliviar su extrema necesidad. Además de la socialización de las
pérdidas que no podemos consentir, la evidencia económica muestra que
esta medida en los términos en la que está planteada no servirá para
solucionar el problema que tienen las entidades bancarias. Utilizar
deuda (aunque sea emitida desde este nuevo banco malo) para resolver un
problema de sobreendeudamiento garantiza un nuevo fracaso.
Una vez más se trata de una operación de salvamento en toda regla de
las entidades bancarias utilizando para ello el dinero público e
intentando disimular sobre “el pequeño detalle de quien pagará la
fiesta”. No hay que ser muy listos para pensar que la factura no estará a
cargo de los responsables de la quiebra sino de los ciudadanos.
Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro
Publicado en http://www.quiendebeaquien.org/
